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Con la declaratoria de creación de las primeras tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) en diciembre, por parte del presidente Peña, iniciará su instalación formal en Puerto Lázaro Cárdenas, corredor del Istmo de Tehuantepec y Puerto Chiapas.

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La declaratoria es un decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se reconoce la existencia de las tres ZEE e incluye la delimitación geográfica de cada área de desarrollo, la precisión de las facilidades administrativas e incentivos fiscales, aduaneros y económicos a los inversionistas participantes, así como la fecha de inicio de las operaciones.

Gutiérrez Candiani, responsable de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), señaló que “Estamos avanzando en todas las direcciones para tenerlas listas (las zonas) antes de que acabe el año. En estos momentos específicamente estamos trabajando en la definición de los incentivos fiscales, los cuales deben ser de largo alcance y de gran aliento para atraer inversión; en el régimen aduanal e incluso en los apoyos económicos porque de ellos depende, en gran parte, el éxito de este proyecto.” También precisa que ya se tienen 50 inversionistas potenciales que pueden convertirse en empresas ancla por la cadena de proveedores que demandarían para operar, básicamente, en los sectores agroindustrial, manufacturero y metalmecánico.

Nacional Financiera (Nafin) apoyará a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) en la integración de cadenas de valor; el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) asesorará a exportadores e importadores; y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) apoyará a la agroindustria.

Asimismo, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) apoyará con financiamiento a estados o municipios en donde se localicen las ZEE para la realización de obras de urbanización, además de que apoyará a privados que tengan concesiones de infraestructura y de servicios públicos.

Las autoridades prevén que las obras de infraestructura que se requieran hacer en los próximos 10 años sean realizadas en un 70% por la iniciativa privada (gasoductos, electricidad, autopistas, plantas de aguas residuales, etc.).

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