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El sector constructor en el país pidió a la Cámara de Diputados realizar modificaciones al artículo 27 de la Ley de Obras Públicas para eliminar la asignación directa y la figura de invitación restringida, así como establecer la obligatoriedad a las dependencias para conformar comités ciudadanos para supervisar las obras que se realicen.

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En el “Foro Nacional para el Fortalecimiento de las Mipymes de la Construcción”, Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) pidió la modificación al artículo 27 Bis de actual legislación, para que además, los testigos sociales intervengan en los contratos que superen los 10,000 salarios mínimos.

Respecto al personal laboral de las mipymes en la construcción, dijo que de 33,000 empresas, 97.6% son microempresarios que concentran 76% de personal ocupado; seguidas de las pequeñas que ocupan 13.5%; y finalmente, 11% lo hacen las medianas: "Las mipymes tienen una gran participación en la economía nacional y, sin embargo, solo tienen una tercera parte de la asignación de obra", expuso.

Marko Cortés Mendoza, diputado federal del PAN, señaló que para que el presupuesto público alcance se deben autorizar las licitaciones públicas que sean posibles y sólo aquellas adjudicaciones de invitación directa que sean necesarias. De igual forma, planteó abrir el proceso al escrutinio público para que cada vez puedan participar más pequeñas y medianas empresas.

En su oportunidad, el diputado priista Carlos Sarabia Camacho, dijo que los diputados harán lo que conducente con una visión acorde a los microempresarios, ya que su grupo parlamentario ha puesto las causas sociales por delante.

En tanto, la secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Daniela De los Santos Torres, dijo que se debe revertir de manera urgente la corrupción del sector, por lo que es necesario sacar la propuesta a las reformas de la Ley de Obras Públicas.