Analistas refieren que la propuesta, desarrollada en torno a la Ciudad de México, abre la posibilidad de despojar de un inmueble a los particulares en condiciones de indefensión.

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Diversas organizaciones sociales y civiles, así como activistas de la Ciudad de México (CDMX), enviaron al grupo parlamentario de Morena dentro del Congreso capitalino, una petición que garantice el derecho a la vivienda ante una emergencia sanitaria como la actual. Por lo que el partido morenista presentó una propuesta para reformar el código civil local, misma que plantea reformar los artículos 2398 y 2406, y adicionar los artículos 2406 Bis, 2425 Bis y 2431 Bis al Código Civil para la capital; sin embargo, dicha propuesta pone en riesgo al legítimo propietario inmobiliario, lo que podría desalentar la inversión en el sector.

A pesar de que con estas modificaciones se pretende garantizar la vivienda a todos los capitalinos, con arrendamientos asequibles para que prevean gastos soportables, la propuesta violenta las garantías arrendatarias, expresó Jorge Gaviño, vicepresidente del PRD en la mesa directiva del Congreso Local.

Durante una entrevista con El Heraldo Radio, el legislador dijo que aunque la propuesta pretende garantizar la seguridad jurídica de la tenencia al evitar desalojos arbitrarios, consideró que es una iniciativa inconstitucional, pues niega la propiedad privada y es “una ley general abstracta, permanente, que modifica el hecho del arrendamiento provocando diversos cambios que podrían tener consecuencias negativas a la hora de rentar o efectuar una renta”.

Por su parte, Ignacio Morales Lechuga, notario público y ex-procurador general de la república, refirió que la propuesta es acorde con el sentido de otras anteriores, como la del 2019 al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y la Ley de Extinción de Dominio, que abre la posibilidad contra cualquier particular de perder un inmueble en condiciones peores de indefensión que ante una expropiación.

“Al igual que las precedentes, la nueva amenaza atenta directamente contra el legítimo propietario inmobiliario, excluye cualquier forma de sanción contra un arrendatario incumplido o invasor urbano. Está hecha para permitir acciones confiscatorias contra los propietarios inmobiliarios sopretexto de que obtienen beneficios excesivos de la pandemia”.

En una publicación de El Universal, el analista añadió que los diputados morenistas deslizarán contra arrendadores y propietarios de inmuebles capitalinos, una ley que hace exigibles contratos de arrendamiento de casa habitación por un mínimo de tres años, de tal suerte que cada contrato por cualquier plazo menor sea considerado absolutamente nulo.

Asimismo, que si el contrato no puede ser exhibido físicamente por el arrendador, este no podrá demandar el pago de las rentas vencidas y menos exigir el desalojo al inquilino “moroso e incumplido”. Prohíbe, asimismo, que se pida fianza como garantía colateral para un arrendamiento o que se investigue y garantice con bienes inmuebles por parte del inquilino o de su fiador; entre otras propuestas.

“La reforma de ser aprobada, desalentará la inversión inmobiliaria, generará incertidumbre jurídica en la población temerosa de no poder reivindicar su propiedad a manos de aprovechados y abusivos, y golpeará aún más al sector de la construcción que, desde agosto de 2018 ha sido golpeado constantemente”, expuso Morales Lechuga.