Crédito Hipotecario

E l pasado mes de julio, las diputadas Martha Ávila y Valentina Batres, de Morena, presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil en materia de arren- damiento en el Congreso local de la Ciudad de México. En el marco de la contingencia sanitaria por Covid-19 y los negativos efectos económicos y financieros derivados de ella, el argu- mento de esta iniciativa era proteger a la población vulnerable ante posibles desalojos por la dificultad para pagar la renta en casos de emergencia, desastres naturales o cualquier otra situación que paralice las actividades económi- cas e impida al arrendatario cumplir con el contrato. Desde su planteamiento, la pro- puesta generó controversia e incerti- dumbre en la opinión pública, no solo dentro del sector inmobiliario por ser contraria a cualquier incentivo para realizar proyectos de construcción de vivienda, sino también para miles de pequeños propietarios, cuyos ingresos dependen en gran medida de la renta de uno, dos o más viviendas, que en muchos casos son su único patrimo- nio e ingresos. Aunque la polémica originada por esta iniciativa ocasionó que se bajara momentáneamente de la agenda legis- lativa local, para poder analizar más ampliamente sus alcances e implica- ciones —y no vulnerar los derechos de ambas partes en toda relación de arrendamiento de vivienda—, aún está latente la posibilidad de que se retome más adelante sin considerar nuevamente las garantías y derechos de los arrendadores, dejándolos en una situación de desventaja y poniendo en riesgo la propiedad e intereses de miles de ciudadanos. Si bien esta contingencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales han obligado a replantear aspectos que regulan las relaciones y activida- des de los diversos sectores, es funda- mental que esto se haga considerando los intereses de todos en la sociedad, con el objetivo de asegurar condicio- nes equitativas que no transgredan el derecho de nadie. Esto está claro en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), por lo que nos mantenemos abiertos a la colaboración y al acompañamiento, para que desde la Iniciativa Privada participemos también en el mejora- miento de políticas públicas que, por un lado, ayuden a reactivar las activi- dades productivas —con ello la gene- ración de empleos y recursos— y, por el otro, establezcan condiciones de equidad y legalidad para todos en la sociedad. Real Estate Market || 141