La investigación de Cofece, sin precedentes; de comprobarse una práctica monopólica, los agentes podrían ser multados hasta por 10% de sus ingresos, destaca Newmark.

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El Covid-19 ha impactado de manera directa a las empresas para generar flujos de efectivo y llevar sus actividades de cara a los clientes de manera tradicional, situación que ha impulsado una solicitud masiva de desfases y reducciones en arrendamientos.

Lo anterior, bajo el entendido de que las políticas de salud pública han requerido cierres obligados y generalizados sin precedentes que afectan de forma directa los rendimientos de los puntos de venta y el uso de muchos espacios de trabajo como oficinas y espacios industriales.

Sin embargo, ante la difícil situación y en un hecho histórico, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) abrió una investigación por prácticas monopólicas en el mercado del arrendamiento de espacios inmobiliarios no residenciales.

“Esta es la primera vez que tenemos registro de un hecho de esta índole en materia inmobiliaria no residencial, que prende las alertas en el mercado de bienes raíces”, destacó comentó Sergio Pérez, director Ejecutivo de Cuentas Corporativas en América Latina de Newmark.

Pérez agregó que al cierre del último trimestre del año (4T20) pasado, se registró un inventario de oficinas A+ y A de 7,443,450 m²; de clase B (CBD) de 3,500,000 m², con una disponibilidad del 18.6% y 28.3%, respectivamente,

Sobre la evaluación masiva de costos de arrendamiento, la Cofece tuvo conocimiento a finales de 2020, de hechos que constituyen indicios de la posible existencia de prácticas monopólicas absolutas -previstas por las fracciones I y V del artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

A consecuencia de lo anterior, se inició la investigación de oficio con el objeto de determinar si se han o no suscitado estos cohechos, o si se están o no manifestando las conductas previstas en el artículo 53 de la citada Ley.

Las investigaciones están basadas en el reporte de alguno de los jugadores en el sector inmobiliario, que reveló algún tipo de posible acuerdo para coordinar la respuesta al mercado en cuanto a condiciones o términos económicos, situación que distorsionaría el mercado y las condiciones de una relación entre oferta y demanda sana.

En términos del artículo 71, párrafos tercero y cuarto de la LFCE, el periodo de la investigación que inició el 7 de octubre del 2020, va de treinta a 480 días hábiles.

¿En qué consisten?

Las prácticas monopólicas son contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores, cuyo objeto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores.

De comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta por 10% de sus ingresos y las personas físicas que hubieran participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían ser sancionados con prisión de conformidad con el Código Penal hasta por 10 años.

“Por esta razón, es sumamente importante que los desarrolladores y comercializadores tomen nota y sean sumamente cuidadosos en las comunicaciones que tengan con sus competidores, para evitar cualquier tipo de malentendido ante la autoridad, dado que cualquier discusión o acuerdo en estos temas puede llegar a consecuencias legales mayores y afectar una sana relación en el mercado de los bienes raíces en México”, advirtió Sergio Pérez, director Ejecutivo de Cuentas Corporativas en América Latina de Newmark.