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La discusión legislativa y en medios que se dio de dos normativas distintas -por un lado la Constitución de la CDMX y la Ley de Vivienda para la Ciudad de México- levantaron preocupación entre la ciudadanía, pues ambas planteaban que el gobierno local pudiera quedarse con parte del valor que aumenta una propiedad con el paso del tiempo y las mejoras en sus alrededores, también llamada plusvalía.

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El artículo 21 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México permitía que las autoridades generaran mecanismos para recuperar lo que invierte en mejoras urbanísticas que aumentan el precio de las propiedades, propuesta que fue criticada por constituyentes pues podría derivar en un nuevo impuesto inmobiliario.

Debido a las críticas, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera sugirió hacer un cambio a los asambleístas para eliminar la confusión, y éstos decidieron eliminar el párrafo referente a la recuperación de la plusvalía, que sí se mantendrá para su aplicación para el caso de desarrolladores inmobiliarios.

Al respecto, Gene Towle, director de la consultora Softec, dijo que tras la discusión, se ha vuelto una aplicación confusa que, además de inequitativa, traería problemas a corto plazo.

La manera en como está redactada y definida la ley representa un problema. En ningún apartado dice que los mecanismos de captación de plusvalías se aplicarán únicamente a las desarrolladoras. Y es ridículo: una ley aplica para todo el mundo, aseveró.

Destacó que ya existen mecanismos de captación de plusvalía, como el Impuesto sobre la renta y el predial y también existe la contribución de mejora por obras públicas. Un ejemplo de contribución de mejoras es el monto que pagarán, durante varios años, son los comercios beneficiados con la remodelación de avenida Presidente Masaryk, en la delegación Miguel Hidalgo.

Según Towle, las diferentes propuestas han causado pánico porque amenazan el tema de la propiedad privada, pues establecen como beneficiario de la plusvalía de un bien al estado y no a su propietario.

“Lo que te dicen es que el gobierno de la ciudad se va a quedar con un muy alto porcentaje del valor de tu propiedad, en caso que la vendas”.

La revisión de estas propuestas en las normativas locales debe hacerse con cuidado, explica Towle, de tal manera que no genere incertidumbre en la población civil y en inversionistas inmobiliarios, que podría ser el daño real de esta confusión.

Por su parte, Juan Carlos Castro, director general de la empresa de fondeo para proyectos inmobiliarios Briq, aseguró que el tema de la plusvalía no es bueno o malo en sí mismo, sino la forma en que la redactaron.

Desde su perspectiva, la ley no es una buena noticia para los desarrolladores, porque desincentiva un negocio que genera plusvalías, precisamente. Para entrar en vigor, ambas normativas deberán ser publicadas. Como se recordará, hubo más 71,000 firmas para derogar el artículo 94 de la Ley de Vivienda.

Con información de máspormás.