A fin de fortalecer a la industria turística de México, que se a visto afectada por la pandemia con el cierre de unos 10 mil pequeños negocios del sector turístico, el Senado de la República aprobó un dictamen para garantizar el libre acceso a las playas y sancionar, con más de un millón de pesos, a los propietarios o concesionarios que lo impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen.

Con 107 votos a favor y luego de casi año y medio de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados, los legisladores avalaron la modificación a la Ley General de Bienes Nacionales, con lo que incluso se podrá retirar la concesión del hotel o establecimiento que impida la entrada a las playas.

La a autoridad dio a conocer que en caso de que no exista vía pública o acceso, los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo-terrestre deberán proveerlo, según lo acuerden aquellos y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“La minuta establece sanción de entre 3 mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a dichos propietarios o a titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino sobre el aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que impidan el acceso a dicha zona, así como a las playas”.

Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, subrayó que las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos para que todo visitante, nacional o extranjero, que desee disfrutarlas pueda hacerlo.

Destacó que la restricción a las playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre, representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la nación.

“Derivado de lo anterior es importante mencionar que también se prevé la revocación de concesiones o permisos para quienes deseen y reincidan en prohibir u obstaculizar el libre acceso a las playas mexicanas”, añadió la funcionaria.

Por su parte, Manuel Añorve Baños, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que esta modificación responde a los atropellos en que incurren algunos propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre, así como a algunos concesionarios y permisionarios que, por medios extralegales, establecen restricciones físicas para limitar el acceso a las playas.