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Por Real Estate Market La inversión en infraestructura se ha incrementado gradualmente en la última década. El promedio del periodo 2007-2011 es de 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB), más de un punto porcentual de diferencia vs. la administración anterior (3.5%) y más de 1.5 puntos si se compara con el año 2000.

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Por Real Estate Market La inversión en infraestructura se ha incrementado gradualmente en la última década. El promedio del periodo 2007-2011 es de 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB), más de un punto porcentual de diferencia vs. la administración anterior (3.5%) y más de 1.5 puntos si se compara con el año 2000. De acuerdo con un análisis del servicio de estudios de BBVA Bancomer, debería ser mayor. ?La inversión en infraestructura se estabilizó a partir de la crisis financiera de 2009; sin embargo, el componente privado, aunque creciente, no ha avanzado al ritmo que se anticipaba. El análisis señala que se han venido eliminando obstáculos para canalizar mayores recursos de inversionistas institucionales y privados. Por ejemplo, se ha flexibilizado el régimen de inversión de las Afore y se ha dado impulso a la colocación de instrumentos ligados al desarrollo de proyectos de infraestructura e inmobiliarios, como los Certificados de Capital de Desarrollo, conocidos por CKDes. Los fondos de pensión son candidatos idóneos para el financiamiento de infraestructura, además los recursos administrados por los fondos de pensión serán cada vez más importantes y podrían llegar a representar hasta 40% del PIB en el año 2050. Asimismo, ?la aprobación de la Ley de APP podría dar un fuerte impulso a la inversión privada, si bien, su impacto será más notorio hacia 2013 o 2014?. Con la aprobación de la ley (APPs), las autoridades financieras esperan una contribución creciente de los proyectos de asociación público-privados en los próximos años. BBVA Bancomer señaló que la aprobación de la Ley de APPs sienta las bases para un marco regulatorio más acorde a estándares internacionales, que corrige algunas debilidades del marco jurídico al compararlo con el de otros países y como consecuencia podría mejorar la calificación de México en la escala global del ambiente regulatorio de las APPs.