Aunque fue menos catastrófico que el de 1985, el sismo de 2017 demostró la vulnerabilidad de la CDMX ante estos fenómenos que obviamente volverán a repetirse.

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El 19 de septiembre de 1985 había quedado marcado en la historia de la Ciudad de México y, por uno de esos caprichos de la probabilística, ahora ha quedado doblemente subrayado. Y es que el sismo de 1985 -originado por el movimiento de las placas tectónicas del océano Pacífico en la costa de Michoacán- destruyó 500 edificios y mató, según las cifras oficiales, a 20 mil personas (aunque la imaginación colectiva, siempre escéptica, piensa que fueron muchas más).

Después de algunos titubeos del gobierno de Miguel de la Madrid, los sismos de 1985 dieron lugar a varios programas exitosos de reconstrucción de escuelas, hospitales, unidades habitacionales y, sobre todo, de 50 mil viviendas en zonas centrales de la ciudad; todo, contemplado dentro del programa de Renovación Habitacional Popular. Incluso, del movimiento que originó dicho programa, surgieron muchos líderes sociales que como Dolores Padierna, Javier Hidalgo ó Alfonso Ramírez Cuéllar; los cuales, han llegado a ocupar los cargos más altos en la representación popular de los ciudadanos.

Por su parte, el sismo de 2017 destruyó 45 edificios, diversas viviendas y acabó con la vida de 228 personas en la Ciudad de México. A diferencia de 1985, este nuevo temblor se originó en tierra firme, en la región de Jojutla en el Estado de Morelos. De esta cercanía, derivaron las fortísimas aceleraciones que afectaron al sur del territorio de la ciudad y que explican la destrucción de viviendas en Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa; así como la caída de edificios de departamentos, una escuela y un centro comercial en la zona de Coapa en la Alcaldía de Tlalpan.

Aunque mucho menos catastrófico que el de 1985, el nuevo sismo del 19S demostró la vulnerabilidad de la ciudad ante estos fenómenos que obviamente volverán a repetirse una y otra vez; sobre todo, en una ciudad cada vez más densa y con estructuras más grandes y complejas. A pesar de estar fomentando una cultura de la protección civil, donde se han gestado leyes y reglamentos durante varios años, de la realización de nuevos protocolos de actuación, como simulacros y capacitación personal especializado -distinguido por sus coloridos chalecos y cascos-, la respuesta del último 19S dejó mucho que desear. Como comparación, a finales de 1987 más de 50 mil familias tenían casas nuevas, mismas que luego pagarían y en donde -30 años después- todavía habitan.

 

En cambio hoy, a 24 meses del sismo, apenas se empiezan a configurar los programas en un entorno de frustración social y con cesiones costosísimas como la gratuidad de las casas y departamentos que acabará destinando recursos públicos escasos a beneficios privados. La pugna entre los miembros del gabinete de Miguel Mancera por el control de la emergencia y la reconstrucción fue el primer factor que llevó al fracaso. Y es que varios secretarios pensaron lo mismo: que una adecuada gestión de la emergencia coordinada por ellos aumentaría sus bonos políticos y los catapultaría hacia la Jefatura de la CDMX ó alguna posición en hipotéticos gabinetes. En esa pugna se perdieron semanas precisas, se tomaron malas decisiones que fueron imposibles de revertir y se engañó al Jefe de Gobierno y a la opinión pública con información falsa.

Nunca, a diferencia de 1985, se tuvo un padrón de damnificados; nunca se pudo realizar un buen levantamiento y diagnóstico técnico de los daños; mucho menos, se diseñaron programas específicos para cada tipo de edificación; situación que se adoleció en colonias como Roma, Del Valle, Portales y Coapa -o las viviendas irregulares en Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa o en unidades habitacionales como el multifamiliar Tlalpan. Cabe destacar que una buena clasificación del problema hubiera permitido formular acuerdos de facilidades jurídicas, fiscales y normativas, así como paquetes de financiamiento diferenciados por programa. La ayuda de renta de 4 mil pesos por familia mensual se ha convertido en un barril sin fondo que distrae recursos de la reconstrucción, casi 400 millones de pesos al año.

Esta es la situación heredada por el actual gobierno que la está enfrentando con decisión y mucho trabajo; sin embargo, queda un pendiente que fue anunciado en las interminables reuniones de la Comisión de Reconstrucción en 2017 y que es obligatorio a partir de los cambios al Reglamento de Construcciones de la CDMX. Ante la certeza de que la Ciudad de México seguirá enfrentando nuevos sismos y de que eventualmente algunos serán de magnitudes parecidas al de 1985 ó al de 2017 se endurecieron las normas de diseño estructural. Esta medida, conceptualmente correcta, quiere decir que la totalidad de los edificios públicos -especialmente escuelas y hospitales así como muchos privados- deben revisarse a la luz de las nuevas normas y reforzarse para cumplirlas.

No obstante, ante una reconstrucción sumamente atrasada y otros graves problemas heredados por la administración de Claudia Sheinbaum, un programa obligatorio de reforzamiento de edificios públicos y privados, incluyendo los habitacionales, está ausente. Esto es algo tardado, socialmente complejo y costoso de ejecutar. Es volverle a invertir a lo que ya se tiene. Finalmente es una carrera contra el tiempo. Ciudades con alto riesgo sísmico como Los Angeles o San Francisco han formulado programas de reforzamiento estructural a mediano plazo que se ejecutan sistemáticamente y son obligatorios.

Se trata de una magna tarea que debe enfrentarse con gran responsabilidad y una capacidad logística que no hemos visto en varias décadas, estableciendo prioridades, programas de apoyo técnico, facilidades administrativas, subsidios y sanciones para los incumplidos. Es necesario comenzar ya. De otra manera se está incumpliendo la ley y arriesgando el futuro.

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