Sería la primera vez en más de 200 años que un presidente acabe de una manera tan polémica un mandato.

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Días después de que la policía y el FBI detuvieran a una turba de manifestantes armados que invadieron el Congreso de Estados Unidos, en un ataque inédito, los legisladores se reunieron en la misma cámara para acusar al presidente Donald Trump de incitar a la violencia.

Al final, con una votación histórica, apoyados por decenas de congresistas del propio partido de Trump, decidieron que convertirlo en el primer presidente obligado a enfrentar dos juicios políticos, aunque la acusación llegará en los últimos días de su presidencia.

No se había presentado una situación similar en 231 años de historia de Estados Unidos en el que un presidente había sido sometido a dos juicios políticos en un mismo período, lo que se considera un mal final para un mandatario arrogante y al que gustó presumir de éxitos históricos de su presidencia.

El único artículo que contiene este impeachment acusa al presidente Donald Trump de haber incitado a los disturbios que estallaron en el Capitolio, luego que se dirigió a miles de sus seguidores en un mitin cerca de la Casa Blanca el 6 de enero por la mañana.

Pese a que el resultado no comenzará hasta después de la toma de posesión de Joe Biden, las implicaciones políticas de la acción del Congreso ya pueden ser evaluadas.

10 miembros del partido del presidente Trump apoyaron la resolución, y un número mayor condenó sus palabras y acciones el día del motín del Capitolio.

Lizz Cheney, la tercera republicana más importante de la cámara baja e hija del ex vicepresidente Dick Cheney, fue la deserción más notable.

"Nunca ha habido una traición más grande por parte de un presidente de Estados Unidos a su oficina y su juramento a la Constitución", escribió en un comunicado que fue citado con frecuencia por los demócratas durante el debate del impeachment.

Además, el impeachment propone que Trump sea destituido e inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público federal o estatal, y también que no se le otorgue la pensión de 219,000 dólares brutos que perciben todos los ex presidentes. Además que no se permitirá ejercer un nuevo cargo, al menos, hasta 2024. 

/Con información de El Mundo de España y BBC. /