“En algunos lugares nos han dicho los constructores que las primas de los seguros han subido mucho y se colocan fuera de todo parámetro para asegurar sus equipos. Hay análisis que refieren que esos montos son de entre 2 y 4%, y si calculamos obras con 7 u 8 de utilidad neta, se vuelve algo inviable en muchas ocasiones”, mencionó el funcionario.

Los actos de inseguridad, como extorsión, robo de nómina, maquinaria y equipa, demás e los recortes en los presupuestos federales, han impactado fuertemente a la industria de la construcción, principalmente en la mitad del territorio nacional ( en las regiones rurales de Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Querétaro, Tabasco y Chiapas), lo que ha limitado y suspendido obras, o generando costos adicionales de operación, cuyo monto es difícil de estimar porque no todos los delitos se denuncian.

Como remedio, los constructores sugieren seguridad pública con esquemas de inteligencia y desarrollo policial, fortalecer la prevención del delito con amplia participación social y mejorar los sistemas de procuración e impartición de justicia, entre otras cosas.

Además, el pasado jueves 22 de marzo, se presentó el modelo Infraestructura Sostenible 2030, Política pública para el crecimiento y el bienestar —elaborado el año pasado—, el cual se basa en cuatro puntos, de los cuales el principal es el Estado de Derecho; informó El Economista.