De acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que, aunque el presupuesto considera 960 mil millones de pesos (mmdp) en inversión física, lo que representa un incremento real de 10% respecto a 2025, el monto se mantiene por debajo de lo observado en 2022, 2023 y 2024.
En materia de transmisión eléctrica, el gasto proyectado para 2026 será de 10.3 mmdp, 3.7% menos en términos reales respecto a 2025. Este monto equivale apenas al 6.3% de lo que el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030 estima necesario (163.5 mmdp) para modernizar la red.
Señaló el IMCO que, instrumentos como la Fibra E de la CFE, que en su última colocación obtuvo 725 millones de dólares (13.3 mmdp), ayudan a compensar la brecha entre presupuesto y necesidades. Sin embargo, advirtió que los esfuerzos son insuficientes para revertir el rezago acumulado en infraestructura.
De acuerdo con un análisis de Intercam “la inversión física muestra un avance real del 10 %, con recursos canalizados a proyectos de transporte ferroviario de pasajeros (como los tramos AIFA–Pachuca y Querétaro–Irapuato), desarrollo carretero y el programa “Vivienda para el Bienestar”, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas populares. Por el lado de las empresas productivas del Estado, Pemex continuará siendo un eje central del gasto federal, con 263.5 mil millones de pesos asignados exclusivamente al pago de su deuda financiera, bajo el argumento de que su impacto fiscal será neutral por tratarse de una operación financiera y no de un gasto corriente. No obstante, este tratamiento contable requiere vigilancia, pues implica un uso significativo de recursos públicos para sostener la viabilidad financiera de la petrolera”.
Y agregaron que, “aunque el diseño del gasto muestra un perfil expansivo en sectores estratégicos, el reto de mediano plazo será fortalecer la eficiencia del gasto público y contener su crecimiento estructural, especialmente en un entorno donde la deuda pública se encuentra en un estimado, alrededor del 52.3 % del PIB, y donde presiones sociales o energéticas podrían erosionar los márgenes fiscales disponibles”, concluyeron.