Comprar una vivienda, un terreno o recibir un inmueble mediante herencia o donación representa una de las decisiones patrimoniales más importantes para las familias mexicanas. Sin embargo, por desconocimiento o para evitar gastos inmediatos, algunas personas posponen o incluso omiten la formalización de la operación ante un notario, una decisión que puede generar consecuencias legales, financieras y personales de largo alcance.
La formalización de una compraventa, donación o adjudicación hereditaria implica convertir el acuerdo entre las partes en una escritura pública. Mediante este procedimiento, el notario da fe de que la operación se realizó conforme a la ley y de manera voluntaria, además de permitir que la propiedad quede inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Riesgos legales que pueden poner en peligro el patrimonio
De acuerdo con los expertos de Kallify, uno de los principales problemas de no escriturar es la incertidumbre jurídica. Aunque la transmisión de la propiedad puede existir mediante un contrato privado, la falta de formalización deja abierta la posibilidad de enfrentar complicaciones posteriores.
Entre los escenarios más frecuentes se encuentran los casos en los que fallece el vendedor antes de concluir la escrituración. Esta situación puede retrasar el proceso durante meses o incluso años, obligando a los involucrados a recurrir a procedimientos judiciales para regularizar la operación.
Además, cuando existe un poder otorgado para formalizar la venta, éste pierde validez con el fallecimiento del otorgante o del representante, lo que puede dejar al comprador en una situación legal compleja.
Vulnerabilidad frente a terceros
Esto abre la puerta a posibles reclamaciones por parte de acreedores, herederos u otros terceros que podrían afectar la propiedad mediante embargos o gravámenes relacionados con obligaciones del propietario registrado.
Riesgo de fraude y doble venta
Otra de las consecuencias más delicadas es la posibilidad de que el inmueble sea vendido nuevamente a otra persona.
En caso de controversia, quien cuente con una escritura debidamente inscrita tendrá mayores elementos legales para acreditar la propiedad, mientras que quien únicamente posea un contrato privado podría verse obligado a iniciar un litigio para defender sus derechos.
Obstáculos para vender o transmitir el inmueble
La falta de escrituración también limita la capacidad del comprador para disponer libremente del bien. Sin documentos que acrediten plenamente la propiedad, futuras operaciones de venta pueden enfrentar cuestionamientos legales y dificultades para concretarse.
Asimismo, si el propietario fallece sin haber formalizado la adquisición, sus herederos podrían enfrentar procesos sucesorios más complejos y costosos para acreditar la titularidad del inmueble.
Impacto fiscal y costos adicionales
De acuerdo con los especialistas, tanto el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles como el Impuesto Sobre la Renta derivado de la enajenación pueden acumular actualizaciones, recargos y otros cargos desde la fecha en que se celebró el contrato privado hasta el momento en que finalmente se otorgue la escritura pública.
Prevención desde el inicio
Para evitar estos riesgos, los expertos recomiendan realizar una revisión jurídica previa del inmueble antes de concretar cualquier operación.
“Antes de firmar cualquier contrato de compraventa, es recomendable solicitar una dictaminación jurídica para encaminar el proceso de adquisición de una propiedad hacia una escrituración segura. Este proceso permite confirmar la identidad del vendedor, verificar si existen copropietarios o cónyuges que deban autorizar la venta, revisar que no haya procesos sucesorios pendientes y validar que el inmueble no tenga gravámenes o adeudos”, señaló Diana Sandoval, directora general de Kallify.
La directiva agregó que “Kallify es la única plataforma que te permite realizar la dictaminación jurídica en forma digital y sencilla con el notario de tu preferencia”.
Especialistas coinciden en que, aunque la escrituración representa un costo inicial, omitirla puede traducirse en gastos mucho mayores en el futuro, así como en la pérdida de tiempo, recursos y tranquilidad para los propietarios y sus familias.
