De acuerdo con un análisis de Banco Base, el año cerraría con una inflación anual cercana a 3.9%, pero con presiones latentes que podrían intensificarse en distintos momentos del próximo año.
Entre los principales elementos se encuentra el incremento de aranceles a partir de enero para países con los que México no tiene tratado comercial, el ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y los aumentos al salario mínimo. Este último factor cobra especial relevancia, ya que una mayor proporción de trabajadores formales percibe ingresos cercanos al salario mínimo, lo que amplifica el impacto de los ajustes salariales sobre los costos laborales y, potencialmente, sobre los precios finales.
El análisis señala que más de 60% de los trabajadores formales podrían verse beneficiados por incrementos salariales en 2026, lo que representa un riesgo inflacionario adicional y un reto para las empresas, que enfrentarán mayores costos de operación en un entorno de crecimiento económico todavía moderado.
En este contexto, los especialistas de Banco Base afirmaron que el balance de riesgos para la inflación se mantiene sesgado al alza. A los factores de costos se suman elementos de incertidumbre externa, como la revisión del T-MEC, que podría generar episodios de volatilidad cambiaria, así como el comportamiento del tipo de cambio, altamente sensible a las operaciones de carry trade y a las decisiones de política monetaria de Estados Unidos y Japón.
Ante este panorama, la política monetaria del Banco de México jugará un papel clave. Mantener un diferencial de tasas atractivo frente a Estados Unidos será fundamental para contener la volatilidad cambiaria y evitar efectos de segunda vuelta sobre la inflación.
En suma, aunque la inflación no se perfila como un desbordamiento generalizado, sí se anticipa como uno de los principales desafíos macroeconómicos de 2026, en un entorno donde el crecimiento será moderado y el margen de maniobra para las autoridades será cada vez más acotado.