Expertos legales en arbitraje internacional coinciden en que empresas y proyectos en México ya no pueden darse el lujo de entrar continuamente a tribunales y litigios internacionales, porque resultan muy largos y costosos, cuando ya existen mecanismos alternativos para su solución. 

Prueba de lo anterior han sido los pleitos legales internacionales que ha propiciado el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) por diversos gasoductos y empresas energéticas internacionales de Estados Unidos y Europa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros.

Actualmente, además de las nuevas políticas revisionistas internacionales, se vive a nivel mundial una parálisis en los tribunales por el Covid-19 y eso ha llevado, a nivel nacional, a retomar iniciativas en el Senado de la República para la expedición de una la ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias.            

De acuerdo a datos del Senado, durante 2018 se presentó el siguiente comportamiento de expedientes judiciales en todas las materias (excepto penal y justicia para adolescentes) de los órganos jurisdiccionales de primera instancia de los poderes judiciales estatales:

El reporte señala que se ingresaron 1,961,517 de expedientes; los que se concluyeron fueron 1,153,542, y los que quedaron pendientes de concluir fueron 3,066,386 en el periodo.

A nivel internacional

Los analistas coinciden en que si se resuelven antes, se evitarían litigios que pueden llevar mucho tiempo y ser sumamente costosos, además de que se pueden romper innecesariamente relaciones de negocios que pueden ser muy valiosas para los mercados.

“En China, por ejemplo, la construcción del aeropuerto de Hong Kong, de 15 mil billones de dólares y la presa hidroeléctrica Ertan (China), con un valor aproximado de 5,000 millones de dólares, recurrieron a mecanismos alternativos, a través de paneles de solución de controversias desde el inicio de las obras y resolviendo disputas. Esto en México es fundamental para toda la industria de la construcción y para los grandes proyectos de desarrollo de infraestructura”, destacó Roberto Fernández del Valle, socio a cargo del área de arbitraje comercial de la firma Santamarina + Steta.

El especialista recomendó a empresas y personas darle importancia a una cláusula de resolución de disputas en sus contratos, como parte preventiva. “Hay contratos sumamente sofisticados, de operaciones millonarias, en los que no se hace una reflexión de las consecuencias de tiempo y dinero que implica tener una disputa en los tribunales. Las empresas mexicanas tendrán que empezar a conocerlos en la nueva etapa”.

Fernández del Valle finalizó diciendo que en México existen seis mecanismos alternativos de ley que ahorran tiempo y dinero, que son la negociación, mediación,  conciliación, peritajes,  paneles de solución y el arbitraje. Todos son trajes para diferentes circunstancias y efectivos. “Todos se pueden prever y definitivamente, son mejores que llegar a un tribunal”.