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A través de una carta, 40 legisladores de Estados Unidos pidieron a Joe Biden dar una respuesta “oportuna y clara” al gobierno de la autollamada cuarta transformación (4T).

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Como se había anunciado desde hace meses, la preocupación de Estados Unidos sigue creciendo por los daños que sufrirán los inversionistas internacionales ante los cambios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue generando polémica. Ayer, el embajador de ese país Ken Salazar, y diversos legisladores republicanos expresaron su preocupación por el plan para estatizar a la empresa.

A través de una carta, 40 legisladores de Estados Unidos pidieron a Joe Biden dar una respuesta “oportuna y clara” al gobierno de la autollamada cuarta transformación (4T) para limitar el acceso a sus sectores energéticos, que ya implica una virtual exclusión de las empresas estadounidenses, y además, violarán las normas del recientemente reformado tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Los legisladores argumentaron que  la iniciativa de Obrador además de “anticompetitiva también perjudica la inversión de Estados Unidos, a sus trabajadores y al compromiso de la región de América del Norte respecto a la sustentabilidad. En las últimas semanas, las acciones de aplicación discriminatorias y arbitrarias (del Gobierno mexicano) se han intensificado. A través de lo que parece ser un uso selectivo de la autoridad, han obstaculizado explícitamente, y en algunos casos bloqueado por completo, la participación del sector privado estadounidense en los mercados de combustibles de México”, sentencia la carta.

Como se recordará, los cambios a CFE está en los porcentajes de producción eléctrica de los sectores público y privado: la paraestatal generará 54% y las empresas privadas el resto, además de eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y elimina de tajo el acceso del sector privado para abastecerse de energía de forma independiente y elimina además los Certificados de Energías Limpias (CELs).

Entre los afectados por la iniciativa presidencial están las armadoras, embotelladores y grandes firmas de retail.

Habrá diálogo

Por su parte, Marcelo Ebrard dijo que se buscará un diálogo con el embajador Ken Salazar y con los legisladores de Estados Unidos, para que se “tenga claro qué es y qué no es la reforma y, segundo, escuchar los planteamientos y las preocupaciones”.

México cuenta por el momento con más de mil permisos de generación eléctrica para privados – en operación, construcción y pendientes de iniciar—, los cuales suman una capacidad de unos 79.300 megawatts y una inversión de alrededor de 91,500 millones de dólares, según las cifras oficiales, los cuales penden de un hilo, al menos, hasta abril de 2022,  cuando concluya la discusión de la reforma eléctrica en el legislativo.

Con información de El País