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La industria de la construcción ya presentaba un declive, y la pandemia y la preferencia por la Sedena en los proyectos, lo agravó.

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Con la participación de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) en diferentes proyectos de la industria de la construcción, 2,500 empresas del sector dejaron de operar en los últimos dos años.  

“No sabemos si desaparecieron, pero no tienen obra”, expuso Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en conferencia de prensa.

Detalló que desde el 2018 comenzó el declive de la industria y se acentúo con el impacto de la pandemia de Covid-19 en la economía mexicana 

Como resultado, en 45 meses la industria se redujo un 14.4%, mientras que la producción de las empresas que operan en ella un 25.8% y la inversión un 16.9 por ciento. 

En este sentido, la industria recuperará los niveles previos a la pandemia en el 2024, lo que requerirá una mayor inversión pública, impulso a la inversión privada y distribución de recursos públicos entre las entidades. 

Menor transparencia en proyectos

El dirigente de los constructores en México dijo con la participación del Ejército en los proyectos, como Bancos del Bienestar o el aeropuerto de Santa Lucía, existe menor transparencia en el gasto de obra pública. 

Añadió que es difícil saber cuánta participación de mercado quitó el Ejército a las constructoras porque las tienen una ley que les permite, o autoriza, no dar información sobre el destino y el uso de sus presupuestos. 

“En cinco de seis grandes obras, el ejército las tiene concedidas  al 100% y el ejército no da la información, ni cuánto están costando, ni cómo se están ejecutando”.

También señaló que del presupuesto destinado para construcción de infraestructura, solamente se tiene un avance de entre 30 a 35%, lo que sugiere que no se está ejecutando o es destinando a otras rubros. 

Una opción sería usar el dinero para la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex). De esta forma se está teniendo un subejercicio bastante alto, de entre 65 a 70 por ciento.  

En ambos casos se viola la legislación mexicana, por un lado la Ley de obra pública obliga a las dependencias a decir en qué gastan el dinero y por el otro, la ley hacendaria prohíbe el subejercicio de recursos.

Paquetes de infraestructura, materia pendiente

Los dos primeros paquetes de inversión que fueron anunciados por el gobierno federal y el sector privado para la reactivación económica, van al 30%, respecto a lo que deberían haber alcanzado hasta ahora. 

Por lo que la CMIC se ha reunido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hablar de este tema, y nos dijeron que era un poco menor el avance que tenían”, apuntó Solares Alemán. 

Referente al tercer bloque de proyectos, dijo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) avanza en la documentación técnica y permisos para su inicio. 

Además, se busca que la participación solo sea de inversión privada; será de obras del sector carretero, hidráulico por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y extensiones de obras que ya operaban