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Los responsables serán sancionados hasta con siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA.

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A partir de mañana, las autoridades sancionarán a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías de comunicación o los medios de transporte en México, así mismo, que interrumpan el tránsito de estos y la operación de los servicios de peaje.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

 

La SICT emitió un decreto que modifica uno de los artículos de la Ley de Vías Generales de Comunicación y fue publicada hoy en el DOF.

 

Lo anterior, tras emitir “un Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que reforma uno de los articulados de la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC)”, informó la dependencia en un comunicado.

Rubricado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el decreto modifica el primer párrafo del artículo 533 de la LVGC, que establece:

“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

 

 

“La reforma, que fuera publicada este martes 22 de febrero de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrará en vigor a partir de mañana. Aclara que quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan al decreto”, se añadió.

El documento también fue firmado por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, así como los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Sergio Carlos Gutiérrez Luna y Olga Sánchez Cordero Dávila, respectivamente.

 

 

Datos de la SICT indican que la toma de casetas de peaje por parte de grupos sociales o por la delincuencia organizada, derivó en pérdidas por 4 mil 121 millones de pesos (mdp) en el 2020. Fonadin perdió mil 526 mdp; concesionaria Ideal, 2 mil 371; RCO, 62.6; la red Capufe, 154; paquete Michoacán, 5.9 mdp.