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La ampliación y construcción del Nuevo Puerto del Puerto de Manzanillo se perfila como una obra estratégica para garantizar la continuidad operativa, la competitividad logística y el desarrollo regional del Pacífico mexicano, ante la saturación que enfrenta actualmente la terminal portuaria.

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Durante la conferencia “Análisis del Impacto Ambiental del Nuevo Puerto de Manzanillo”, organizada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), especialistas coincidieron en que la infraestructura existente opera prácticamente en su límite de capacidad, lo que la convierte en un cuello de botella para el comercio exterior y para las cadenas productivas vinculadas al puerto.

Mauricio Jessurun Solomou, presidente del Consejo Directivo del CICM, señaló que el proyecto es indispensable para fortalecer la competitividad logística del país, responder al dinamismo del comercio internacional y atender la creciente presión operativa. Subrayó que ampliar la capacidad del puerto es una necesidad evidente si se busca garantizar eficiencia y continuidad en los próximos años.

 

El actual Puerto de Manzanillo es uno de los puntos más relevantes del Pacífico mexicano para el movimiento de mercancías. Sin embargo, la saturación de patios, accesos y vialidades ha generado impactos en la movilidad local y en los tiempos de operación, lo que afecta tanto a empresas como a la población de la zona.

 

Desde la perspectiva ambiental, el proyecto enfrenta retos relevantes debido a su cercanía con ecosistemas de alto valor ecológico, como la Laguna de Cuyutlán, reconocida como sitio Ramsar. No obstante, especialistas del CICM aclararon que no existe impedimento legal para llevar a cabo el nuevo puerto, siempre que cumpla con los instrumentos de regulación de uso de suelo y con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Juan Carlos Tejeda González, coordinador del Comité de Medio Ambiente del CICM, explicó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) no determina la viabilidad integral del proyecto, sino que evalúa exclusivamente sus impactos ambientales y las medidas de prevención, mitigación o compensación. En ese sentido, sostuvo que el procedimiento puede ajustarse mediante nuevas MIAs individuales por etapa, con mecanismos de compensación robustos que garanticen la conservación de zonas sensibles.

 

 

Uno de los puntos centrales del análisis es que el Sistema de Evaluación Ambiental vigente —con bases normativas que datan de 1996— resulta obsoleto frente a la complejidad de proyectos de gran escala. Por ello, el CICM planteó modernizar los instrumentos de evaluación en los tres niveles de gobierno, incorporar paneles de expertos independientes y fortalecer la transparencia y la participación comunitaria.

 

Más allá del debate técnico, el consenso entre los especialistas es que la expansión portuaria no es opcional si se quiere evitar que Manzanillo pierda competitividad frente a otros nodos logísticos internacionales. El comercio global, la relocalización de cadenas productivas y el crecimiento de la demanda exigen infraestructura capaz de absorber mayores volúmenes con eficiencia.

 

El nuevo puerto permitiría redistribuir operaciones, reducir la presión sobre la infraestructura actual y planear el crecimiento con una visión de largo plazo. Si bien sus beneficios no serán inmediatos y su operación plena tomará varios años, el proyecto se plantea como una inversión estructural para el desarrollo regional.

Finalmente, la necesidad del Nuevo Puerto de Manzanillo responde a una combinación de factores: saturación operativa, exigencias del comercio internacional, competitividad logística y planeación futura. El desafío consiste en equilibrar esta expansión con una evaluación ambiental moderna, rigurosa y transparente que garantice sostenibilidad y certidumbre jurídica.