El presidente nacional de la asociación, Karim Oviedo Ramírez, propuso un esquema de transferencias directas de recursos públicos como una solución viable para regularizar la posesión de dichas viviendas y ampliar el acceso a una vivienda digna para quienes hoy no califican a un crédito hipotecario.

Durante una reunión con medios de comunicación, Oviedo explicó que muchas de las personas que actualmente habitan inmuebles del Infonavit lo hacen de buena fe, aunque sin cumplir los requisitos legales para formalizar la adquisición. “No todos son invasores”, subrayó. En varios casos —afirmó— se trata de acuerdos informales entre particulares, realizados sin dolo, pero sin asesoría jurídica, lo que deriva en una situación irregular.

El líder de AMPI destacó que el programa anunciado por el Infonavit hace unos días aún no cuenta con reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por lo que llamó a esperar los lineamientos para entender su alcance real. Aclaró también que, de acuerdo con la información disponible, las viviendas con denuncias por despojo no podrán formar parte del programa.

Frente a este escenario, AMPI propuso la entrega de bonos gubernamentales de entre 50 mil y 120 mil pesos directamente a las personas que actualmente habitan estas viviendas, con el objetivo de que puedan adquirirlas de manera formal ante el Infonavit, a través de una figura de compraventa. Esto, insistió Oviedo, permitiría evitar un quebranto financiero al instituto y garantiza una solución legal, ordenada y justa tanto para los ocupantes como para el Estado.

“No buscamos que se transfiera la propiedad, sino que se transfiera un recurso económico que permita a estas personas adquirir legalmente la vivienda, firmando con notario y con la participación del Infonavit como titular del inmueble”, explicó.

Oviedo reconoció que la situación jurídica de muchas de estas viviendas es compleja, pero pidió no generalizar ni criminalizar a quienes las habitan, pues muchos de ellos simplemente no han tenido acceso a crédito o carecen de los ingresos formales para obtener una vivienda a través de los canales tradicionales. Esta condición, dijo, los ha orillado a ocupar propiedades vacías como única alternativa.

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También señaló que, para evitar fomentar nuevas ocupaciones irregulares, se debe establecer un marco legal claro que considere únicamente viviendas ocupadas de manera pacífica desde hace más de dos años, sin antecedentes de violencia ni denuncias legales.

Subrayó que esta propuesta se enfoca en brindar certeza jurídica y atender un problema social de fondo, pero no de legitimar actos ilegales.

De hecho, reconoció que existe un déficit habitacional estimado en 8.5 millones de viviendas, según el Plan Nacional de Desarrollo, así como más de 11 millones de viviendas con necesidad de reparación, de acuerdo con datos del INEGI. Este panorama obliga, dijo, a buscar soluciones innovadoras y sensibles a la realidad económica de millones de mexicanos.

“La falta de subsidios para vivienda económica, eliminados en administraciones pasadas, ha limitado aún más el acceso de sectores vulnerables a una vivienda digna. Hoy tenemos la oportunidad de corregir eso con un modelo directo, transparente y sin intermediarios”, puntualizó.

Finalmente, Oviedo reiteró que AMPI no respalda las invasiones ni actos fuera del marco legal, pero sí respalda la búsqueda de soluciones estructurales, éticas y viables para quienes hoy no tienen acceso a crédito ni alternativas formales para resolver su necesidad de vivienda. Añadió que la asociación está abierta al diálogo y colaboración con las autoridades para contribuir a un programa sólido, que combine justicia social con certeza jurídica.

“Queremos que los mexicanos tengan seguridad sobre su patrimonio. No legitimamos ocupaciones ilegales, pero sí creemos que este problema puede resolverse desde una óptica distinta, con sensibilidad social y visión de largo plazo”, concluyó.