El derecho a una vivienda asequible es una tarea pendiente. Según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares realizada en 2024, el ingreso promedio mensual de un hogar en México es de 14,447 pesos, en tanto, el precio de una vivienda en las principales zonas metropolitanas en ese año fue de $3,167,500.00 pesos. Hoy día puede afirmarse que la mensualidad de un crédito hipotecario asciende a $10,500.00 pesos por cada millón que sea financiado.

Aquí es donde el tema de la vivienda social toma especial relevancia; sin embargo, en la Ciudad de México ha sido rezagado por poco más de 10 años por los altos costos de suelo, escasez de terrenos, políticas públicas insuficientes y pocos incentivos para constructoras, situación que ha impactado severamente en el problema de la gentrificación, análisis que traté en un artículo anterior.

No obstante, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria y ejecutar una estrategia equitativa, inclusiva y sostenible para jóvenes y población de menores recursos, se sumaron todos los esfuerzos en la reactivación de la "Norma para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular", también conocida como “Norma 26” o “N 26”, como un instrumento de desarrollo urbano en la Ciudad de México que, en coordinación con la iniciativa privada, está diseñado para favorecer la construcción de vivienda sustentable de interés social y popular, impulsada por la empresa de participación estatal, Servicios Metropolitanos (SERVIMET).

De acuerdo con Leopoldo Hirschhorn, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Valle de México, al momento ya se tienen 146 proyectos aprobados con los requerimientos de la N 26, que suman más de 17 mil viviendas con precios máximos de 1.9 millones de pesos.

Y entre otros proyectos que a la par está implementando el Gobierno de la CDXM, como parte de una política integral y en armonía con la N 26, encontramos la presentación del “Primer Bando de la Ciudad de México por una Ciudad Habitable y Asequible, con Identidad y Arraigo Local”, que consiste en priorizar la identidad y el arraigo de la población con vivienda en óptimas condiciones de habitabilidad.

Vivienda asequible como política para abordar la gentrificación en la CDMX

El anuncio de 200 mil acciones de vivienda, de las cuales, al menos 20 mil serán para vivienda pública en arrendamiento, pretendiendo con ello que las rentas oscilen entre 3 mil y 6 mil pesos mensuales.

Por último, se reducirán 85 por ciento de tiempo los trámites para construcción de vivienda social para grupos de atención prioritaria, lo cual se traducirá en procesos administrativos de 15 días, y de hasta cuatro meses para aquellos que requieran más tiempo. Dicho beneficio será solo para viviendas construidas por el Instituto de Vivienda de la CDMX o por instituciones federales, mediante la contratación de constructoras.

Sin duda, la nueva etapa de la N 26 tiene muchos retos por delante como la supervisión y vigilancia puntual para evitar las mismas irregularidades que hubo en el pasado y el atender todos los requerimientos de la vivienda social, sin que las constructoras pierdan rentabilidad.

Igualmente, la N 26 cuenta con la gran posibilidad de dar resultados fructíferos al hacer atractiva la inversión privada gracias a la redensificación que conlleva, mitigando el fenómeno de la gentrificación y generando proyectos basados en la sustentabilidad y control del impacto ambiental. Ello dará la posibilidad de construir un mayor número de viviendas al año con la consecuente mejora en la calidad de vida de los habitantes, evitando la especulación inmobiliaria, factores que convierten a esta norma en un elemento clave para atender la necesidad de la vivienda asequible en la Ciudad de México.

Para este objetivo, los notarios estaremos coadyuvando de manera activa y elemental para dar certeza jurídica de que los proyectos cuenten con los requisitos legales establecidos en la N 26; desde la constitución de los fideicomisos necesarios para su operación en los que participan los desarrolladores de vivienda y Servimet y en la instrumentación de todos los actos jurídicos necesarios para los proyectos, tales como: Adquisición y regularización de los inmuebles que sirvan de reserva territorial, fusiones, subdivisiones, relotificaciones, conjuntos, condominios, entre otros y finalmente, en la escrituración de las viviendas resultantes y de las garantías hipotecarias respectivas, dotando de fe pública a las operaciones, siempre garantizando que los proyectos se apeguen a la normatividad aplicable en beneficio de los ciudadanos.

* Titular de la notaría 51 de la Ciudad de México