En un posicionamiento fechado el 19 de febrero de 2026, el organismo señaló que la decisión del máximo tribunal reconoce la importancia de impulsar políticas públicas que favorezcan el acceso a la vivienda y atiendan fenómenos como la gentrificación en la capital del país.
El organismo advirtió que la imposición de controles de precios sin políticas paralelas que incentiven la oferta de vivienda puede generar efectos adversos. Entre los riesgos mencionó el desincentivo a la construcción, mejora y mantenimiento de inmuebles; la posible reducción de la oferta formal de largo plazo por migración hacia esquemas de renta temporal; el crecimiento de la informalidad y del subarrendamiento no registrado; así como un aumento de litigios y cargas administrativas.
Asimismo, sostuvo que este tipo de medidas no resuelve el déficit estructural de vivienda que enfrenta la Ciudad de México y que la evidencia internacional muestra que limitar precios sin ampliar la disponibilidad de unidades puede reducir la inversión privada, contraer la oferta y presionar al alza los precios en segmentos no regulados.
Finalmente, reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en la construcción de políticas públicas que amplíen la oferta habitacional y contribuyan a una ciudad más accesible, conectada y con desarrollo urbano sostenible.
