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La Comisión de la Vivienda ha estudiado el tema desde diferentes perspectivas y con esta iniciativa pretende castigar la especulación convirtiéndola en un delito, en donde además espera que los municipios no puedan desincorporar el terreno rural tan fácilmente.

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Con el objetivo de combatir y castigar la especulación inmobiliaria, se presentará una iniciativa en la Cámara de Diputados para facilitar el acceso a viviendas dignas para personas de bajos recursos.

“La especulación ocasiona que el suelo sea más caro y que la vivienda se comercialice a precios elevados y con la iniciativa se pretende castigar la especulación convirtiéndola en un delito”, se informó en un comunicado.

 

La propuesta también apunta a evitar que los municipios desincorporen terrenos rurales sin un proceso adecudo.

 

Esta iniciativa es empujada por Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de la Vivienda en la Cámara de Diputados, quien abundó que la especulación inmobiliaria se lleva a cabo en terrenos considerados como "no urbanizados", mediante la compra a bajo costo, su recalificación y posterior venta con márgenes de ganancia exorbitantes. 

La legisladora señaló que uno de los casos más notables se da en Mérida y la península de Yucatán, donde terrenos adquiridos a un peso por metro cuadrado (m2) se comercializan como terrenos campestres a ocho mil pesos por m2.

Aguilar Gil también ilustró situaciones en las que se venden tierras en áreas sin servicios o desarrollo, basándose en una mera expectativa de crecimiento especulativo.

Mencionó, asimismo, el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde propiedades que tienen un precio promedio de 120 mil pesos pueden llegar a venderse hasta por 2 millones de pesos. 

 

 

Aclaró que no se busca limitar la inversión con fines de lucro, pero subrayó la necesidad de que las autoridades impongan medidas para contener este fenómeno, incluyendo la aplicación de impuestos más elevados para aquellos que poseen tierras y propiedades sin un fin social.

Aguilar Gil enfatizó que el Estado debe intervenir a través de la provisión de vivienda social y la concesión de créditos accesibles, así como en la regulación de alquileres y en la supervisión de usos del suelo y permisos de construcción. 

Para lograr estos objetivos, la diputada detalló que están colaborando con organismos como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Registro Agrario Nacional (RAN).