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Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, refirió que México no ha tenido una política de suelo de forma integral.

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A fin de controlar el desarrollo de vivienda, infraestructura y comercio en las ciudades de México, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) presentaron la Política Nacional de Suelo, un documento con enfoque de derechos humanos y sociales.

Román Meyer Falcón, titular de Sedatu, refirió que México no ha tenido una política de suelo de forma integral. “Lo más cercano que ha tenido en materia fue la Reforma Agraria, como una política de Estado, no como una política comercial, que tuvo un impacto sustancial”. Por lo que el objetivo de esta iniciativa es recuperar la rectoría del Estado en materia del manejo, uso y aprovechamiento del suelo para resarcir las desigualdades económicas y sociales en el crecimiento de las ciudades del país.

Por su parte, José Alfonso Iracheta, director general de Insus, comentó que el nuevo instrumento busca resolver algunos problemas originados por la informalidad y el encarecimiento de la tierra, que originaron una expansión urbana descontrolada en los núcleos urbanos y agrarios de México. “Vemos un fenómeno de urbanización inversa, es decir empezamos con la vivienda, luego los servicios, transporte y después actividad económica, estamos haciendo las cosas al revés”.

Alfonso Iracheta detalló que existen en el país entre 7 y 7.5 millones de lotes irregulares, en zonas de difícil acceso para la construcción de vivienda, con déficit de servicios; y cada año se suman más de 90 mil familias a esta informalidad. Agregó que para este año esperan iniciar con la gestión de tres proyectos con la rectoría de la nueva política.

Algunos principios de la Política Nacional de Suelo, presentada de forma online, son garantizar un equilibrio balanceado entre las cargas y beneficios del desarrollo urbano. Asegurar el respeto a los derechos y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el suelo y la propiedad inmobiliaria. Y garantizar el derecho a la ciudad para todos, enfatizando a la población de menos ingresos, asegurando la ocupación de entornos seguros y sustentables.