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Incrementar la inversión pública en infraestructura y obra pública para reducir los costos de transporte, alentar la producción y logística para propiciar un aumento en la competitividad, fueron parte de las demandas principales que dio a conocer la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al presentar su Balance Económico 2017 a medios.

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El organismo cúpula aseveró también que la aprobación de las 11 reformas estructurales no fueron suficientes para que la economía del país mostrara un crecimiento y, por tanto, tampoco se crearon suficientes empleos formales en 2017.

Tras mostrar su balance sobre el funcionamiento de la economía, el organismo expuso que se requieren analizar variables para identificar logros, además que comentó que el crecimiento en los últimos cinco años fue de 2.2% en promedio; en particular la meta para 2017 se ubicó en 1.6% y al final cerrará en 2.1 por ciento.

El organismo recordó que en 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó que la aprobación de las 11 reformas estructurales haría crecer al país a tasas de entre 5 y 6 por ciento.

Destacó que la inflación de 2017 se explica por la pérdida de competitividad del peso ante el dólar, ocasionada por la llegada de Donald Trump al poder, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los incrementos en el precio de los energéticos que se presentaron a inicio del año debido al “gasolinazo”.

Coparmex estimó que la creación de 3 millones de empleos durante los cinco años del actual gobierno han sido insuficientes, porque apenas ha creado 56% de los que necesita el país.

En su texto en el que presentó su Balance, consideró también que el número de empleos formales es una “cifra que supone rezago constante en el número de empleos necesarios. Para que México pueda dar empleo a los jóvenes que se incorporan a la vida económicamente activa, sería necesario crear 100,000 empleos al mes”.

El organismo insistió en que la solución para crear más y mejores empleos en la formalidad es reducir la carga tributaria y lograr el 100% de deducibilidad en las prestaciones laborales sería un paso sólido en esa dirección, así como reducciones graduales en el IVA hasta llegar a niveles de la OCDE.