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Durante 2017 se ejecutaron por primera vez en la capital diversas resoluciones de demolición en construcciones por no cumplir con programas delegacionales y rebasar el número de niveles permitidos por la ley, como parte de una estrategia para un desarrollo urbano ordenado y con seguridad ciudadana.

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En el esfuerzo participaron diversas dependencias como Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) la Secretaría de Obras y Servicios de la capital, además de la Contraloría General, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y delegaciones en la revisión revisión de construcciones para identificar obras que ameriten sanción de demolición.

Este año se efectuaron demoliciones de niveles excedentes en obras en las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, además de cuatro llevadas a cabo por iniciativa del propio particular.

El gobierno capitalino informó además que se realizaron más de 20 mesas de trabajo para la implementación de acciones que hacen frente a las construcciones inmobiliarias irregulares, además de realizar más de 30 procedimientos administrativos de verificación, los cuales resultaron viables para su intervención.

Además se firmó entre la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) delegación Valle de México, y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda.

El documento busca garantizar ciertos lineamientos entre los que destacan:

1) Principios del diálogo, 2) Cumplimiento de la ley, normatividad y obligaciones (prácticas de negocio lícitas y trasparentes, denunciar la extorsión y a los DRO’s que incumplan con sus atribuciones y respetar usos de suelo), 3) Comunidad armónica (diálogo abierto con la población, mantener imagen urbana y condiciones de movilidad, y cumplir con medidas de mitigación), 4) Cuidado del medio ambiente (favorecer la sustentabilidad) y 5) Clientes y trabajadores (condiciones dignas de empleo, financiamiento responsable y vivienda de calidad).