Mauricio Jessurun Solomou, presidente del XL Consejo Directivo del CICM, subrayó que los efectos de los sismos no se limitan a los daños visibles en la infraestructura, sino que se extienden a pérdidas económicas, interrupción de actividades productivas, afectaciones sociales y largos procesos de reconstrucción. Estos impactos, dijo, inciden directamente en la capacidad de recuperación y resiliencia de las ciudades.

En su exposición, la investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, Naxhelli Ruiz Rivera, explicó la diferencia entre daño y pérdida. El primero corresponde a las afectaciones materiales cuantificables de forma inmediata, mientras que la pérdida se relaciona con los bienes y servicios que dejan de producirse mientras el daño no ha sido reparado, y depende en gran medida de la respuesta social y política ante el desastre. A diferencia del daño, señaló, pocos países cuentan con una contabilidad sistemática de las pérdidas en el mediano y largo plazo.

Ruiz Rivera destacó que no existe un único instrumento financiero capaz de atender todas las fases de un desastre, por lo que es indispensable una “caja de herramientas” que incluya mecanismos para la prevención, preparación, respuesta y recuperación. Entre ellos mencionó fondos de resiliencia, incentivos fiscales, seguros, bonos catastróficos, instrumentos de deuda y esquemas de captura de plusvalías.

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En el caso de México, indicó que el país cuenta con mecanismos de transferencia de riesgos, como seguros y bonos catastróficos, aunque estos solo se activan bajo criterios específicos y nunca permiten acceder al monto total asegurado. Actualmente, el país dispone de un seguro contra desastres por 5 mil 400 millones de pesos y de bonos catastróficos por hasta 595 millones de dólares. El reto, advirtió, no es solo acceder a estos recursos, sino ejercerlos de manera eficiente.

Por su parte, Julio César Fuentes Quezada, consultor en Economía Urbana, cuestionó si el gasto público se orienta a prevenir los desastres o simplemente a atenderlos después de ocurridos. Enfatizó la necesidad de fortalecer la inversión preventiva desde lo local, particularmente en las zonas metropolitanas, que concentran más del 80% del PIB nacional. Recordó que, según estimaciones internacionales, cada dólar invertido en prevención puede ahorrar hasta 14 dólares en la etapa de recuperación.

Finalmente, Ruiz Rivera enfatizó que el riesgo es una construcción social y advirtió que minimizar hoy los costos preventivos puede generar impactos económicos y sociales mucho mayores en el futuro. “No mata el sismo, sino la mala edificación”, concluyó, al llamar a fortalecer la comunicación del riesgo y abrir un debate público informado.