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Tráfico de personas, desvío de recursos, violación a la Constitución y adoctrinamiento comunista, entre las acusaciones contra los residentes cubanos.

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El nuevo 'Cubagate' que desató una ola de repudio a nivel nacional entre médicos y enfermeras mexicanos, ahora escaló a nivel internacional, ya que el plan de traer 500 supuestos médicos cubanos a México, sería parte de una trama internacional del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación (4T) para controlar, junto con Cuba, a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, informó que mientras el gobierno de la 4T candidatea a Nadine Gasman, titular de Inmujeres, para dirigir a la OPS, su esposo, el doctor cubano Joaquín Felipe Molina Leza, funcionario del Insabi, es investigado en Estados Unidos por retener de manera ilegal los sueldos de médicos cubanos contratados en Brasil para “otra supuesta campaña de sanidad”.

 

Larrondo denunció que detrás de esa candidatura, hay un pacto entre México y la dictadura cubana para controlar la OPS, además que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que las misiones médicas son prácticamente trata de personas.

 

Cabe mencionar que desde junio de 2020, el cubano Molina Leza fue contratado por el gobierno de López Obrador para “elaborar políticas” en la Coordinación de Análisis Estratégico y Evaluación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), según reveló la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Y como es del dominio público, desde el inicio de operaciones el Insabi, esa dependencia, casi fantasma, ha recibido miles de millones de pesos, pero no ha atendido a la población mexicana vulnerable.

 

 

Desde junio de 2020, la Comisión de Salud del Senado instruyó a que se investigue una transacción de más de 40 mil millones de pesos al Insabi, lo que sería un desvío de recursos.

Ante el hecho, desde junio de 2020, los senadores del Grupo Parlamentario del PAN desconocieron al Insabi y a su titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar, y se presentó además una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que iniciaran las investigaciones correspondientes.

 

Denuncias desde el exilio

Por su parte, y mediante un video en YouTube, el médico cubano Alexander Raúl Pupo Casas, hizo un llamado a sus colegas mexicanos para "alertarlos del gran peligro que corren al permitir que el gobierno de su país haga negocios con la dictadura del mío".

El exresidente de neurocirugía con número de registro profesional M180668, denunció que el gobierno cubano utiliza las llamadas "misiones médicas" para falsificar las estadísticas, así como para "esparcir la ideología sociocomunista", y por otro lado, los médicos de la isla "están obligados a vivir en condiciones infrahumanas y violatorias a los derechos humanos", una denuncia similar a la que hizo el titular de Prisoners Defenders.

 

 

Violación constitucional

Además, el cubano hizo un llamado a sus colegas en México para que "no permitan que la ideología comunista “les penetre” en estas mal llamadas misiones médicas, no permitan que adoctrinen a sus hijos y familiares, no permitan que su presidente negocie o sirva de alcahuete a una dictadura que tiene a todo un país hundido en la miseria y la mentira".

Por si fuera poco, la Constitución mexicana establece en el Artículo 33 que a los extranjeros se les prohíbe realizar actividades políticas en el país de lo contrario, establece, “pueden ser expulsados de forma inmediata por el Presidente de la República sin necesidad de hacerles un juicio previo”.

En contexto, dicho artículo de la Constitución fue ejercido por el expresidente Lázaro Cárdenas, para evitar la infiltración política en el gobierno para sabotear las decisiones de Estado.

Pero al parecer, en la administración de López Obrador, estas directrices están al revés, ya que abre la puerta a una intromisión político-ideológica desde el extranjero.

 

/Con información de Diario de Cuba, CiberCuba, centralfmequilibro, Proceso y Real Estate Market/