Con ello, el gobierno busca destrabar proyectos de alto impacto y acelerar su puesta en marcha. Todo ello a través de la firma de un decreto que permitirá la autorización de proyectos de inversión en un plazo máximo de 30 días, siempre que cumplan con ciertos criterios.
Además, el decreto prevé la creación de una Oficina Presidencial de Inversiones, cuya función será dar seguimiento puntual a los proyectos y articular la coordinación entre las distintas dependencias involucradas. Este órgano estará integrado por instancias como las secretarías de Economía, Hacienda, Energía, Medio Ambiente y Buen Gobierno, entre otras.
Precisamente la iniciativa contempla que este tipo de inversiones pueda obtener luz verde en menos de 30 días, marcando un cambio relevante frente a los tiempos tradicionales de aprobación. Para el resto de los proyectos, se establece un plazo máximo de 90 días para la resolución de trámites; en caso de no haber respuesta en ese periodo, se considerarán automáticamente autorizados.
El Plan México también incorpora un enfoque de impulso a las inversiones mixtas, promoviendo la participación conjunta del sector público y privado en proyectos estratégicos, particularmente en infraestructura, energía y desarrollo regional.
Bajo este contexto, los Polos de Desarrollo se perfilan como nodos clave para canalizar capital productivo hacia distintas regiones del país, con el objetivo de generar empleo, detonar cadenas de valor y equilibrar el crecimiento territorial.
Con este anuncio, el gobierno federal busca posicionar a México como un destino más competitivo para la inversión, en un entorno internacional marcado por la volatilidad, pero también por nuevas oportunidades de relocalización productiva.
