|  

Pese al contexto mundial, algunos gobiernos y organismos se muestran optimistas y siguen adelante con los proyectos de inversión en infraestructura.

7 No me gusta0

 

Pese a que existe una amenaza de recesión económica sobre diversos países, de que siguen los contagios de covid y de que el conflicto entre Rusia y Ucrania no acabaría pronto, algunos gobiernos y organismos se muestran optimistas y siguen adelante con los proyectos de inversión en infraestructura.

El primer caso de interés, de tres, es que los presidentes de Estados Unidos y México acordaron la inversión de 4 mil 900 millones de dólares (mdd) para mejorar la infraestructura de la frontera entre ambos países y con ello ayudar a la expansión del comercio y la agilización de las cadenas de suministro.

 

Los gobiernos de México y EU dijeron en un comunicado conjunto el trabajo en las fronteras mejorará el comercio entre el 2022 y 2024, lo que incluye la modernización en la infraestructura de 3 mil 200 km.

 

Joe Biden destinará 3 mil 400 mdd de la Ley de Infraestructura Bipartidista, para llevar a cabo 26 proyectos de construcción y modernización de los puertos de entrada terrestres en la frontera sur y norte de EU. Andrés Manuel López Obrador dará recursos por mil 500 mdd en infraestructura fronteriza hasta el 2024.

“Estos proyectos de modernización de cruces fronterizos crearán empleos locales bien pagados, incrementarán la seguridad y harán a la economía más resiliente a retos en las cadenas de suministro, al tiempo que servirán como modelos de sustentabilidad e innovación”, enfatizaron ambos gobiernos.

 

El presidente de México y el de Estados Unidos se reunión en la Casa Blanca, para tratar diferentes temas binacionales.

 

La segunda iniciativa es que los países miembros del G7 acordaron lanzar la ‘Cooperación para Infraestructuras Globales’, para mejorar las infraestructuras y diversificar las cadenas de suministro, un plan que reunirá 600 mil mdd para el 2027 en inversiones globales de infraestructuras.

En el anuncio, que se dio en la reunión de este grupo en los Alpes bávaros en junio, el presidente Biden declaró que el país que representa movilizará 200 mil mdd. El total del recurso será recaudado durante los próximos cinco años mediante subvenciones, financiación federal e inversiones desde el sector privado.

 

 

Las primeras acciones de esta cooperación incluyen una inversión de 2 mil mdd en un campo solar en Angola, 320 mdd para la construcción de hospitales en Costa de Marfil y 40 millones para promover el comercio regional de energía en el sudeste de Asia.

El tercer anuncio fue el que hizo el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF): destinará un total de mil 250 mdd en los próximos cinco años para proteger los océanos de Latinoamérica y el Caribe (LAC), en el marco de la Conferencia sobre los Océanos, que se celebró en Lisboa, Portugal, también en junio pasado.

 

El G7 acordó mejorar las infraestructuras y diversificar las cadenas de suministro, con una inversión de 600 mil mdd.

 

Los recursos se usarán para diseñar e implementar proyectos que promuevan la llamada ‘economía azul’, priorizando la restauración de ecosistemas marinos y costeros; energía marina renovable; pesca y acuicultura sostenible; manejo costero integrado; soluciones basadas en la naturaleza; pago por servicios ecosistémicos; ecoturismo; mejoramiento del manejo de áreas marinas protegidas.

Sergio Díaz, presidente ejecutivo del CAF, señaló que “con estos recursos implementaremos soluciones innovadoras que contribuyan a mitigar los efectos del calentamiento global y contribuiremos a mejorar las condiciones de vida de los millones de latinoamericanos que dependen del mar”.

 

Con un monto de un mdd por parte del CAF, en el CMAR se implementarán estrategias conjuntas de los gobiernos de cuatro países, sociedad civil, organismos de cooperación internacional y ONGs.

 

Uno de los primeros proyectos dentro de esta financiación es el convenio para la protección del Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR), una región compartida por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, que genera unos 3 mil mdd al año derivados de la pesca, turismo y  transporte marítimo.