Durante el foro, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), se advirtió que la falta de certidumbre jurídica y la limitada participación de capital privado frenan el desarrollo de obras estratégicas para el país.

En el panel Retos y Oportunidades del Marco Legal para la Infraestructura, Roberto Albores Gleason, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, señaló que México invierte apenas 2.3% del PIB en infraestructura, muy por debajo del promedio de economías líderes, que destinan entre 5 y 7 por ciento. Además, solo 26% de las vías federales se encuentran en buen estado y los costos logísticos duplican a los de países competidores.

Por ello, enfatizó que el país debe aspirar a alcanzar una inversión equivalente al 5% del PIB, mejorar la calidad de carreteras y fortalecer la infraestructura multimodal.

Jorge Sepúlveda García, primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, destacó que la estabilidad macroeconómica, el estado de derecho, el capital humano, un marco fiscal adecuado y la certidumbre política son factores esenciales para atraer inversión privada. Subrayó que tasas de interés accesibles, expectativas de rentabilidad claras y regulaciones razonables son determinantes para detonar proyectos.

Juan Pablo Sandoval García, miembro de la Asociación Latinoamericana del Derecho de la Construcción, propuso abrir mayor participación a entidades y bancos internacionales mediante asociaciones público-privadas (APP), pues su experiencia demuestra que estos modelos resultan exitosos en infraestructura.

Movilidad y desarrollo urbano, ejes del transporte ferroviario de pasajeros

En el panel sobre decisiones financieras, especialistas analizaron la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar. Ricardo Erazo García Cano, del CICM, advirtió que, aunque retoma elementos de la actual Ley de APP, aún debe aclarar aspectos clave como distribución de riesgos, mecanismos de controversia y alcance de los esquemas de participación.

José Domingo Figueroa Palacios, de AFH Consultores, alertó que la iniciativa contiene elementos que generan incertidumbre, como el énfasis en evaluaciones sociales sin considerar viabilidad financiera y la falta de claridad en arbitraje internacional.

Por su parte, Carlos Mier y Terán Ordiales, de Banobras, subrayó que México requiere una planeación sectorial y regional más eficiente para determinar en qué proyectos conviene aplicar inversión pública, privada o mixta. Propuso fomentar APP en zonas desarrolladas y usar el ahorro público en sectores no autosuficientes, como transporte público.

El Congreso concluyó que sin inversión privada y un marco legal confiable, México no alcanzará el nivel de competitividad y desarrollo de infraestructura al que aspira.