En México, el 75% de la población vive en ciudades. Sin embargo, en la CDMX se presenta un fenómeno de exclusión de habitantes que obedece a la dificultad y lentitud para gestionar permisos y licencias para la construcción, así como a una complejidad de la norma en materia de obtención de permisos, lo que promueve una especulación en la tierra e incrementa sus costos.

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“Desafortunadamente se ha creado un círculo de desconfianza entre la sociedad civil, las autoridades y la iniciativa privada, lo cual ha desencadenado una contracción en la oferta de vivienda de la CDXM, además de un aumento de precios, sobre todo en lugares cercanos a fuentes de transporte, trabajo y esparcimiento”, destacó Dolores Franco, presidenta del Colegio Mexicano de Urbanistas.

Durante la realización del Foro “CDMX, ciudad excluyente por falta de vivienda y aumento de precios” realizado en Hotel María Isabel Sheraton, la urbanista explicó que entre más tiempo se obstaculice la producción de vivienda, la oferta existente y futura se encarecerá, con lo que se ocasionará que la ciudad se extienda aún más, con lo que se hará más excluyente, con  un incremento del tráfico y más dificultad para proveer de servicios a todos los habitantes.

Diversos expertos también señalaron que con la llegada del nuevo gobierno, se tiene la oportunidad para cambiar el estatus quo del desarrollo urbano actual en la CDMX, y promover un marco regulatorio eficiente para la construcción de vivienda e infraestructura adecuada, a fin de generar asequibilidad en el mercado inmobiliario para población de diferentes segmentos económicos, lo cual coadyuvará resolver problemas como la movilidad, sustentabilidad y seguridad.

En su oportunidad, Gene Towle, director de la consultora de proyectos inmobiliarios Softec, aseveró que la ciudad cerró el último trimestre del año 2017 con una contracción del 8.4% en la oferta vivienda nueva terminada y una reducción del 3.5% en las unidades en inventario y 0.8% en el número de proyectos, al tiempo de generarse un incremento del 32% en los precios unitarios del mercado medio y residencial, de 31% para el segmento económico y de 43% para el segmento social.

Durante su ponencia, Ignacio Kunz, especialista en planeación y urbanismo de la UNAM, explicó que hay dos problemas principales con la planeación que generan exclusión. Uno, al usar parámetros basados en densidad y otro, en la asignación de usos de suelo eficiente e intensivo (Best and high). “En esta modalidad, el valor del suelo se fija por el uso más eficiente en cada zona, con lo cual se elevan los costos y se hace inaccesible la adquisición de inmuebles en zonas céntricas para aquellos que tienen menos recursos económicos”.

Janet de Luna, Directora de Proyectos de Mejor Ciudad A.C., indicó que la certidumbre jurídica para la edificación es urgente: “Simplificar la normatividad y quitar contradicciones para dar certidumbre a todos los actores involucrados en el desarrollo inmobiliario es fundamental, es decir, que el desarrollador y la comunidad sepan qué se puede y/o no desarrollar, y que la autoridad tenga claridad en los que puede o no autorizar”.

De Luna propuso que para hacer una normativa más clara, por un lado se debe identificar zonas con superávit de infraestructura al tiempo en el que se refuerza en otras cercanas a fuentes de trabajo y transporte. Por otro lado, facultar al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para diseñar usos de suelo claros y directos que permitan mezclar comercio local con centros de trabajo y vivienda, involucrando a miembros de la sociedad civil, autoridades, academia e iniciativa privada.

 

Janet de Luna, Directora de Proyectos de Mejor Ciudad A.C., indicó que la certidumbre jurídica para la edificación es urgente: “Simplificar la normatividad y quitar contradicciones para dar certidumbre a todos los actores involucrados en el desarrollo inmobiliario es fundamental, es decir, que el desarrollador y la comunidad sepan qué se puede y/o no desarrollar, y que la autoridad tenga claridad en los que puede o no autorizar”.

De Luna propuso que para hacer una normativa más clara, por un lado se debe identificar zonas con superávit de infraestructura al tiempo en el que se refuerza en otras cercanas a fuentes de trabajo y transporte. Por otro lado, facultar al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para diseñar usos de suelo claros y directos que permitan mezclar comercio local con centros de trabajo y vivienda, involucrando a miembros de la sociedad civil, autoridades, academia e iniciativa privada.