Los industriales de la construcción empezaron a ver la luz al final del túnel, luego de doce meses de caída sostenida, reconoció Rafael Méndez, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, durante la presentación de la ponencia ‘Construyendo el futuro: Infraestructura sustentable e incluyente para el desarrollo sostenible’.

“Hoy celebramos que tiene una expectativa positiva el tema de que, a partir de prácticamente enero, febrero, marzo, viene subiendo este tema de la caída del valor de la producción; a diferencia del comportamiento general, el valor de la producción contratada por el sector privado creció un 3.8% cuando el mes pasado había crecido aproximadamente un 1.8% y el antepasado un 5 por ciento. Es decir, en el sector privado viene caminando bien”, comentó Méndez.

Agregó que: “Vamos en buen camino. Las empresas constructoras han ligado ya cuatro meses de recuperación a la tendencia de decrecimiento. Estamos esperando que la tendencia siga positiva como los últimos cuatro meses para que al final del día tengamos un crecimiento tal vez de un 1%; seguirnos preparando para aportar en los temas de financiamientos o de obras con inversiones mixtas donde consigamos recursos y consigamos propuestas por parte de los empresarios de nuestra industria”.

México, 14º país contaminante

La presentación Construyendo el futuro…, estuvo a cargo de Roberto Calvet, vicepresidente ejecutivo de sustentabilidad de la CMIC, quien comentó que las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en México, provocados por todas las actividades económicas, ascienden a 638.7 millones de toneladas de CO2, que colocan al país en la posición número 14 a nivel mundial entre los mayores emisores. Los tres primeros son Japón (14.5 mil millones de toneladas), Estados Unidos (5.2 mil millones de toneladas) y la India (3.6 mil millones de toneladas).

En el mundo, la construcción enfrenta riesgos derivados del aumento de temperaturas, eventos climáticos extremos, escasez de recursos y mayor exposición a daños materiales y retrasos en las obras. Además, en México se padece de un aumento en las olas de calor, sequías prolongadas y crisis hídrica que incrementan los costos de construcción, reducen la productividad laboral y exigen mayores inversiones en resiliencia y adaptación. En ese contexto, nuestro país se ha comprometido a reducir el 35% (originalmente era del 22%) sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.

Durante el 2023, los daños ambientales provocados por todos los sectores económicos y por el uso no sostenible de los recursos naturales nacionales representaron 1.3 billones de pesos, equivalente al 4.2% del PIB del país. A su vez, los gastos de protección ambiental fueron del 0.7% del PIB. En particular, la alta generación de residuos de la construcción y de emisión en el país exige una gestión sostenible, apoyada por políticas efectivas y una colaboración público-privada.

Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible del país, se estima una brecha de financiamiento equivalente al 7% del PIB (11.3 billones de pesos) entre 2023 y 2030.

No obstante, pese a los esfuerzos realizados, las emisiones aumentaron entre 2012 a 2016, alcanzando su nivel máximo en el 2016, con un total de 804 megatoneladas. Por ello es crucial enfatizar en las políticas ambientales que reduzcan estas emisiones, promoviendo energías limpias, movilidad sostenible y cambios en los hábitos de consumo.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece como objetivo estratégico la soberanía energética y la transición hacia fuentes limpias, con 51 proyectos que busca generar más de 22,000 megawatts adicionales para el año 2030, asegurando que hasta el 45% de la energía provenga de fuentes limpias. En cuanto a la deforestación, entre 2001 y el año 2024, el 79% de la pérdida de cobertura forestal en México se vio en zonas afectadas por la deforestación, principalmente debido a la expansión de la agricultura. La construcción ha influido significativamente en la extracción de materiales y la transformación de áreas forestales en zonas urbanas de infraestructura.

Finanzas sostenibles

A su vez, las finanzas sostenibles implican que en el proceso de toma de decisiones y de acción se tengan en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza por un buen gobierno, conocidos como ASG. De acuerdo con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, en 2023 se tuvo un conteo de 61 proyectos con financiamiento verde, de los cuales se pudieron identificar 13 relacionados directamente con el sector de la construcción en temas de inmuebles que cuentan con certificaciones como EDGE o LEED en proyectos como escuelas, hospitales, aeropuertos, etc. Desde 2025, la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó más de 400 mil millones de pesos colocados en instrumentos que cuentan con criterios ASG, donde el 10.4% se destinó al sector construcción.

Para que las micro, pequeñas y medianas empresas en México puedan participar en los proyectos de construcción sostenible, deben de cumplir con una serie de requisitos técnicos, legales, financieros y ambientales. En este escenario, la rendición de cuentas en contrataciones públicas, fiscalizaciones y certificaciones que observan las MiPymes, permiten medir, validar y promover buenas prácticas sostenibles en la industria de la construcción.

De igual relevancia son las iniciativas que la CMIC promueve en la economía circular, con beneficios diversos. En el caso específico de la industria de la construcción, se mencionan agregados reciclados en la elaboración de concreto o aislamiento de fibras recicladas, construcción modular compuesta por módulos reutilizables que se puedan trasladar o reconfigurar al final de la vida útil del proyecto. La aplicación de tecnologías BIM o Building Information Modeling, que permiten planificar el ciclo de vida de los materiales y optimizar su uso.

Bajo esta visión sostenible, es posible evaluar el rendimiento energético y la huella de carbono desde las etapas iniciales de los proyectos. Al respecto, vale la pena destacar que las construcciones prefabricadas están ganando terreno en México como una alternativa más económica, rápida y sostenible frente a los métodos tradicionales de edificación, con beneficios en términos de costo, tiempo, calidad, durabilidad, impacto ambiental y ahorro energético, entre otros.

Beneficios a largo plazo

Los proyectos sostenibles generan beneficios a largo plazo, sin embargo, el costo inicial dentro de la construcción puede ser entre el 5% y el 15% mayor que una construcción convencional, pero se recupera en menos de 5 años por los ahorros operativos. En la CMIC reconocen que existen barreras económicas, técnicas y de integralidad para la adopción de las mejores prácticas de sostenibilidad. Por ejemplo, apenas el 20% de los profesionales del sector de la construcción en países del desarrollo cuentan con la formación en sostenibilidad ambiental.

Asimismo, las MiPymes en América Latina reportan dificultades para acceder a créditos destinados a proyectos verdes, debido a requisitos financieros estrictos y altos costos iniciales. Además, las pequeñas constructoras consideran que la regulación ambiental es compleja y costosa de construir. En el mismo sentido, solo el 19% de las microempresas en México dispone de equipo de cómputo, lo cual es un ejemplo de lo que se restringe la capacidad de digitalización y frena el crecimiento y la adopción de este tipo de herramientas.

Construcción se estanca en 1T25: Edificación crece, pero obra se hunde

Decálogo verde CMIC

1. Acelerar la transición energética para garantizar un desarrollo más sostenible, cumplir con las metas nacionales de energías limpias, mitigar los efectos del cambio climático y lograr los compromisos internacionales de México.
2. Promover la electromovilidad sostenible como parte esencial de la transición energética, mediante políticas públicas enfocadas en el desarrollo de infraestructura para el almacenamiento de energía renovable, como baterías de litio.
3. Acelerar la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, mediante la expansión de infraestructura de recarga, electrolineras y el establecimiento de normas e incentivos fiscales que estimulen su uso.
4. Promover la creación de un vehículo financiero para estudios ambientales en el desarrollo de proyectos de energía renovable, enfocados a ampliar la infraestructura y cobertura eléctrica del país, especialmente en las regiones de menor acceso.
5. Fortalecer la gestión integral de riesgos en infraestructura y movilidad, anticipando y enfrentando los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos.
6. Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental en todos los proyectos, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado del entorno urbano para minimizar el impacto de la industria de la construcción y avanzar hacia aplicaciones libertarias.
7. Promover el uso de tecnologías de vanguardia y materiales sostenibles en la construcción de infraestructura, priorizando soluciones que incrementen la resiliencia frente a desastres y reduzcan la huella ambiental.
8. Aprovechar experiencias exitosas en captación de agua de lluvia, reciclaje, reúso y economía circular, integrándolas como modelos replicables en obras nuevas y desarrollos urbanos.
9. Destinar una partida presupuestal en los presupuestos públicos específicos para los tres niveles de gobierno que se puedan utilizar para estudios técnicos, ambientales y económicos, durante la elaboración de los proyectos ejecutivos, tramitación de licencias y otros requisitos necesarios para el desarrollo de la infraestructura.
10. Reasignar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados a emergencias y desastres naturales, con el objetivo de que los gobiernos estatales y municipales elaboren o actualicen sus Planes de Desarrollo Urbano, evitando la expansión desordenada en zonas de alto riesgo; y ampliar el alcance del convenio Infonavit-ONU Hábitat, que ha significado financiamiento para planes urbanos en diversos municipios.